Vivimos en tiempos en que
confiamos a las tecnologías informáticas el manejo de nuestros datos personales,
procesos empresariales o transacciones financieras (por mencionar solo algunas).
Se trata de complejísimos sistemas creados por el hombre, aceptados con el ímpetu
que promete la modernidad y el progreso. Pero finalmente sistemas que, con
astucia inversa, son susceptibles de vulnerabilidades usadas por el mismo
hombre para propósitos menos altruistas.
En el lenguaje informático
llamamos hackers a aquellos
individuos que logran descubrir y “romper” la seguridad diseñada originalmente
para proteger un sistema de información. Si no hubieran existido los hackers, nadie se habría inventado el
antivirus, las contraseñas de más de 6 caracteres, la autenticación biométrica,
la firma digital o los sitios Web seguros.
Para algunos que navegamos en las
aguas del ámbito jurídico y tecnológico, es fácil encontrar una analogía con el
desafío al que está sometido por estos días nuestro ordenamiento jurídico y
nuestra institucionalidad, por cuenta del procurador y del alcalde. Estos
personajes nos han enseñado sus notables habilidades como hackers de la seguridad jurídica del estado. Gracias a su
experticia, talentos, equipos multidisciplinarios y estrategias, nos han hecho
el favor a los colombianos de alertarnos de las vulnerabilidades de nuestro sistema
jurídico, no sin antes aprovecharse de las debilidades descubiertas para lidiar
por sus propios objetivos.
Tanto el exceso de atribuciones del
procurador, quien se sirvió del “papayaso” de una falta administrativa para
sepultar por 15 años la vida política de uno de los principales opositores de
su corriente ideológica y moral —que además es pública y tiene adeptos—, como las
“tutelas-bomba” lanzadas por el alcalde desde todos los flancos para
atornillarse en un mando para el cual no estaba capacitado —y que también tiene
adeptos—, se hubiera podido evitar si se atendieran las voces de reconocidos hackers que en su momento advirtieron de
las vulnerabilidades del sistema.
Como el daño está hecho y parece
que ya no queda recurso ni antivirus para aplicar por parte de quienes
gestionan el sistema jurídico a nivel local, necesitamos que, afuera de nuestro
entorno controlado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea la que
actúe con su competencia y nos proporcione un urgente parche de seguridad al sistema,
mientras nuestros expertos internos solucionan las vulnerabilidades a la vuelta
de ocho sesiones en el Congreso.
Necesitamos institucionalizar más
hackers competentes, imparciales y
respetados, que nos adviertan con antelación sobre las flaquezas de nuestro marco
jurídico, para que éste no se convierta en una maquinaria para el abuso del
poder, por parte de los actores políticos, administrativos y judiciales de
nuestro país.
Parece obvio que estos hackers buenos ya existen y no son otros
sino los que conforman nuestra Corte Constitucional, pero gracias al sistema inicialmente
ideado como garante a través del inclinar de pesos y contrapesos, son precisamente
los magistrados de la Corte los primeros que deberíamos blindar e inocular de
las amenazas políticas y moralistas de su entorno.
